Condenados en más de una ocasión por la justicia estadounidense, los jesuitas de la denominada Provincia de Oregón aceptaron pagar 166,1 millones de dólares más a aborígenes de Alaska e indígenas de cuatro estados del Noroeste de EE. UU. Centenares de ellos fueron víctimas de abusos por parte de los sacerdotes de la Compañía de Jesús a partir de los años 1940.
"No fue un único accidente. Las pruebas demostraron que lo hicieron con alevosía y eso fue la violencia", manifestó al respecto un fiscal de California, John Manly. Él y varios colegas suyos de los estados vecinos defendieron la parte agraviada en un proceso en el estado de Washington que duró varios meses y se saldó con la tercera suma más grande que las compañías y las diócesis territoriales de la Iglesia católica hayan tenido que pagar por las prácticas de abusos sexuales. Anteriormente la diócesis de Los Ángeles había sido condenada a pagar 660 millones de dólares a 508 víctimas demostradas y la de San Diego aceptó un total de 198 millones que se repartirían entre las 144 víctimas.
"Es un día de justicia y para saldar la cuenta", señaló una de las norteamericanas nativas del estado de Washington, Clarita Vargas, quien en la actualidad tiene ya 51 años, pero que sufrió abusos, junto con sus dos hermanas, a finales de la década de 1960 y comienzos de 1970, cuando las tres tenían tan sólo 6 y 7 años. Las niñas se vieron especialmente indefensas debido a que las habían separado de sus familias y comunidades de origen y las habían llevado de manera forzosa a la escuela-hogar de la Misión de Santa María en la reserva indígena de Colville que dirigían los jesuitas. "Mi espíritu fue herido —dijo la mujer—, y esto [el fallo judicial] hace que se sienta mejor".
El fiscal local, Blain Tamaki, destacó que el sacerdote que había acosado a las hermanas Vargas y también a un centenar de niños y adolescentes más fue identificado y todavía vive, pero la legislación impide que se le imputen cargos que ya están atribuidos a la Compañía de Jesús. Por ese motivo el grupo de fiscales participó en la elaboración de un proyecto de ley estatal que levante las restricciones a los procesamientos personales en casos semejantes.
Una de las causas de las repeticiones múltiples de los abusos en colegios de poblaciones remotas o reservas, como el de Colville, reveladas durante las audiencias fue la práctica general de enviar a tales sitios a sacerdotes a los que la orden consideraba problemáticos.
La Compañía de Jesús de la Provincia de Oregón se declaró bancarrota en 2009, después de llegar a un acuerdo con otro centenar de víctimas de abusos. Tamaki consideró que con la actual decisión judicial que tiene más forma de acuerdo de paz que de fallo judicial, los jesuitas "reconocen que traicionaron la confianza de cientos de niños que estaban a su cuidado y cometieron terribles atrocidades con ellos".
No obstante, es poco probable que la orden pague a todos la cantidad impuesta de dinero a raíz de que los previos arreglos que cubrieron ya unas 200 peticiones "han desolado la tesorería" de esta orden, según advirtieron sus monjes. Su portavoz, el padre Patrick Lee, expresó su deseo de que la tramitación de la causa sobre la bancarrota de la compañía, incoada hace casi dos años, "concluya lo antes posible".
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